Según un estudio de la Universidad de Linz (Austria), somos la sexta economía más informal del mundo. Mientras que en los '80 el sector informal contribuía con el 45 % del PBI, en la actualidad ese porcentaje se ha elevado a 60,9%. En otros términos, la informalidad ha seguido creciendo en nuestro país a pesar de algunos instrumentos creados para reducir su peso en la dinámica del país.
Una características central de este sector es que, aproximadamente, tres cuartas partes de nuestra PEA dependen de la informalidad. En consecuencia, de facto, es un colchón social para los niveles de gobernabilidad necesarios en nuestro país. Más allá de lo que la economía formal haga.
Sin embargo, la informalidad no sólo se manifiesta en los términos planteados, sino que también lo hace institucionalmente. Tan es así que hemos terminado "formalizando la informalidad". La cultura " Combi " es una muestra de ello porque sintetiza la incapacidad de nuestra población para respetar reglas, pero por sobre ello, de hacerlas respetar. Por ejemplo, en el caso del transporte, es tan "natural" dejar al pasajero donde mejor les parece que ya nadie se sorprende. Todos quieren soluciones a su medida.
Es decir, cada uno quiere imponer sus reglas. Nadie acepta las que la autoridad establece. En suma, es un comportamiento anómico que también tiene manifestaciones similares en lo económico, político, social y hasta culturalmente.
Así, por ejemplo, por estos días nuevamente está en el tapete la disputa limítrofe entre Cañete y Chincha, que si no fuera por la construcción de la planta de licuefacción del gas de Camisea para la exportación, nadie se habría enterado que había una disputa limítrofe entre estas dos provincias. Quizás ni sus propios habitantes.
Resulta que cuando en la legislatura pasada se presentó el caso, la Comisión de Descentralización del Congreso, que preside Jaime Velásquez Rodríguez, archivó el estudio que había hecho la PCM. Según el cual se daba la razón a Cañete. Y se terminó por archivar por cuanto la PCM no cumplió con remitir un documento complementario.
Pero ocurre que varias semanas después el presidente del Congreso pidió desarchivar el dictamen que la Comisión de Descentralización había archivado. La explicación fue que creaba controversia y esperaba que, una vez más, la PCM realice un nuevo estudio de demarcación territorial entre las provincias en conflicto para dar solución a la controversia.
Mientras tanto y, paralelamente, el Sr. Miguel Ángel Mufarech, presidente de la región Lima, presentaba firmas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que las revise y luego poder presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley 28374, según la cual la empresa Hunt Oil puede ir desarrollando su proyecto, mientras se va resolviendo el tema de la demarcación territorial
Estas marchas y contramarchas, idas y venidas, no son más que la expresión genuina de la informalidad en nuestro país. Pero, además, permite comprobar enfáticamente que la informalidad no es endógena al agente económico. Es decir, nadie nace queriendo ser informal.
Pero, también, permite demostrar cómo la informalidad que podemos percibir en sectores como transporte, construcción, comercio, servicios, etc, no son más que resultados de la deficiencia institucional que termina por encarecer los costos de transacción y, por lo tanto, en obstáculos para la formalización.
El caso del joven ambulante muerto a manos de los miembros del Serenazgo de San Isidro también está en la misma línea. Pues, no se tiene en claro los límites del accionar de los serenos, lo cual ya no es responsabilidad de ellos, sino de del Gobierno Local para el cual prestan su servicio. Siendo éste a quien le corresponde establecer claramente los límites al accionar de los efectivos.
En suma, es necesario analizar la problemática de la informalidad en el Perú. Porque si no lo hacemos, entonces el comportamiento económico de los últimos 40 meses, resaltado por la comunidad internacional, pero no tan creído por la comunidad nacional, no tendrá de dónde sostenerse cuando necesite de un soporte interno para consolidar su crecimiento. Sin olvidar que a mayor informalidad, menor recaudación. Por lo tanto, un Estado con menos recursos para atender las carencias que son más apremiantes, justamente, en ese sector.
Congresista Luis Guerrero Figueroa
