El Gobierno ayudaría a Doe Run por temor a conflicto social en La Oroya
Corresponsales. Manuel Marticorena
La posibilidad de que se pueda originar un conflicto social en La Oroya y se paralice la producción minera en el centro del país ha generado que el Gobierno intervenga en ayuda de Doe Run Perú (DRP), propietaria del Complejo Metalúrgico de La Oroya.
La ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, indicó ayer que la intervención del Estado es para “evitar un impacto sistémico”, debido a que la población del valle del Mantaro depende de las operaciones de La Oroya.
El propio presidente Alan García señaló que la operación de La Oroya es la refinería básica de las minas del centro. Al respecto, explicó que si DRP deja de operar, las mineras cercanas se verán afectadas. “Allí tendríamos entre 10.000 y 12.000 desempleados que pueden bloquear las carreteras”, indicó.
Doe Run tiene una deuda con las minas que les provee de concentrados por alrededor de US$100 millones. Además, la empresa tiene pendiente cumplir el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), consistente en inversiones para disminuir las emisiones de gases contaminantes que produce el complejo metalúrgico y que afectan la salud de la población de La Oroya. Así, la empresa tendría una inversión pendiente de US$73 millones. A esto se suma el hecho de que un sindicato de bancos (BNP Paribás, Banco de Crédito y Standard Bank) haya decidido suspenderle un crédito revolvente de US$75 millones, lo que ha dejado sin capital de trabajo a la empresa.
Se supo que el Ejecutivo ya le habría hecho una propuesta de ayuda a Doe Run, cuya decisión dependía del único accionista de su matriz (Doe Run Company), Ira Rennert. El Ejecutivo habría establecido condiciones, de las cuales no se obtuvieron detalles, pero que se estiman estarían relacionados con el cumplimiento del compromiso ambiental.
MINERA EN CUESTIÓN
El especialista en temas mineros, Oswaldo Tovar, explicó, por su parte, que la participación de la refinería y fundición de La Oroya no es tan trascendental para la minería del centro como se quiere dar a entender, pues estas pueden comercializar sus concentrados en la refinería de zinc de Cajamarquilla (en Lima) o los pueden vender al exterior. Así, sostuvo que este tema estaría siendo usado por Doe Run como instrumento para negociar una ayuda del Gobierno. Un ejecutivo de una empresa del centro, que pidió no ser citado, corroboró lo dicho por Tovar.
El presidente de la Confiep, Ricardo Briceño, indicó que la ayuda a Doe Run es estrictamente financiera. Dijo que sería inaceptable que la empresa pida incumplir sus obligaciones ambientales como condición para seguir operando. Por su parte, los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas siguen en silencio sobre el tema.
Trabajadores y gremios preocupados
El secretario general del sindicato de trabajadores de Doe Run Perú, Roberto Guzmán, indicó que los trabajadores se reunirían hoy en asamblea con la finalidad de definir las medidas a tomar frente a la situación actual del Complejo Metalúrgico de La Oroya. Guzmán indicó que la reunión también servirá para informar a los trabajadores el resultado de las reuniones que han tenido con las diversas autoridades, entre ellas el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon; el viceministro de Minas, Felipe Isasi, y el presidente de la región Junín, Vladimiro Huaroc, a quienes les transmitieron su preocupación respecto a su situación.
Por otra parte, se supo que el consejo directivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía envió una carta a Doe Run Perú, en la que solicita información sobre su situación actual.
PUNTO DE VISTA
Sin sucumbir al chantaje
El presidente García dijo que sería irresponsable dejar caer a Doe Run Perú porque allí tendremos entre 10 y 12 mil desempleados que pueden bloquear las carreteras. No le falta razón. En diciembre del 2004 hubo un bloqueo de dos días en La Oroya, que paralizó todo el tránsito de la Carretera Central, donde murieron dos personas, no por acción de la policía, sino a causa de ataques cardíacos de gente que se vio obligada a caminar seis kilómetros de carretera bloqueada. En esa oportunidad, la empresa pidió la ampliación de su PAMA. Lo consiguió invocando, como ahora, a la posibilidad de que 3.800 personas quedaran sin trabajo.
Han pasado cuatro años de esto, tenemos otro presidente, pero igual se sucumbe al chantaje.
No ha importado el historial de incumplimientos ambientales que en La Oroya tiene, una vez más los peruanos vamos a hacer lo que Doe Run solicita. Este chantaje es un rompimiento de los principios básicos del Estado enmascarado en una medida, en apariencia, humanitaria, pero que mella el principio de autoridad indispensable para manejar una nación.
MARÍA CHAPPUIS, EX DIRECTORA GENERAL DE MINERÍA
